Impuesto al Sol en España, Una medida controvertida

El Impuesto al Sol en España

Una de las medidas más polémicas a nivel tributario en España ha sido el llamado Impuesto al Sol. ¿Qué es? ¿En qué te afecta? ¿Aún sigue vigente esta tasa? Te contamos todo lo que necesitas saber acerca de una de las medidas más controversiales en cuanto al uso de energías renovables

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La energía fotovoltaica

Es que aquella que usa la luz solar como fuente de energía, con el fin de producir electricidad. Teniendo España una posición territorial y unas condiciones climáticas mediterráneas, el usuario con una instalación de autoconsumo, puede disfrutar de un gran número de horas de sol durante gran parte del año.

Con el incentivo de los gobiernos a la implementación de energías autosostenibles, ya durante el año 2015, la energía fotovoltaica empezó a cubrir un 4? la demanda total de energía en Europa.

Los países donde su uso ha proliferado con mayor éxito han sido Alemania, Grecia e Italia, siendo este último donde existe mayor infraestructura de energías de autoconsumo, cubriendo el 8? la demanda total de energía.

¿En qué consiste el impuesto al sol?

Como su nombre lo indica, el impuesto al sol es un decreto de ley que regulaba la forma en la cualquier hogar debía hacer instalaciones de autoconsumo, por ejemplo, la instalación de placas solares.

Cada ciudadano que tenía en su hogar infraestructura de autoconsumo, al seguir conectado a la red centralizada, debía pagar una tasa adicional si en algún momento del año recurría a usarla.

Durante el año, evidentemente, habrá estaciones donde no será tan soleado o habrá poco viento, por lo que a largo plazo esto incurría en facturas más altas para los ciudadanos que usaban energía fotovoltaica o eólica. Siendo este una de las bases en las que se sustenta la el futuro de las energías renovables, consecuentemente, causó mucha polémica entre ciudadanos, políticos, empresarios e inversionistas.

Podría argumentarse que aquellos usuarios que usan doble de energía, tanto el autoconsumo y la red central, sí deberían incurrir en una tasa adicional.

Sin embargo, el impuesto también aplicaba para aquellas personas que producían en su totalidad la energía que usaban, ya fuera por medio de baterías o que las condiciones climáticas de la región lo permitían.

Finalmente, además de estas drásticas medidas, el consumidor de energía sustentable, de haber algún excedente en la producción de energía, debía volcarlo a la red general, de forma gratuita y sin recibir nada a cambio.

¿Quiénes estaban exentos de pagar la tasa solar?

Como hemos citado, la gran mayoría de usuarios deben pagar el correspondiente arancel, sin embargo, en contados casos estos pueden eludirse. Los productores exentos son:

  • Si la instalación tenía menos de 10kW total de potencia.
  • Aquellos instalaciones encontradas en Ceuta, Melilla o en Canarias.
  • Instalaciones para el frenado de trenes o de cogeneración.

La prohibición de la energía compartida

Si bien en España la mayoría de ciudadanos viven en bloques de más de dos pisos, en el año 2015, se prohibió el uso de placas solares compartidas. Siendo aproximadamente el 66.5% de los ciudadanos que viven en esta clase de instalaciones, la prohibición aplicaba para casi todos los casos.

Solo a causa de dos años de batalla legal, el Tribunal Constitucional acordó derogar la prohibición, concretamente el 2 de junio del 2017.

El papeleo como nuevo problema

La prohibición fue derogada, sin embargo, las instituciones no hicieron más sencillo el trámite: la primera instalación compartida, hecha de forma legal, podría haber necesitado hasta un año de papeleo, algo que debería haber requerido solo algunas semanas.

Con la nueva ley, solo las instalaciones grandes, que requieran conectarse a la red principal e, incluso, verter energía a la misma, deberán hacer este trámite.

Las instalaciones domésticas no deben hacerlo pero sí deben contar un contador específico de autoconsumo y, además, registrarse obligatoriamente en el registro.

Por supuesto, de esta manera el proceso es más rápido y simple.

¿Cuáles fueron las causas del Impuesto al Sol?

En un principio, la principales causas fueron, en primera instancia, un ineludible componente lobista para no derogar esta ley, ya que se buscaba respaldar el mantenimiento de la red eléctrica general mediante los métodos convencionales y, segundo pero no menos importante, la deuda contraída por el Gobierno con los productores de energía solar.

Esta excedía alarmantemente las previsiones, poniendo a las instituciones en una situación bastante incómoda, al irse reduciendo el ingreso al fisco debido al mismo incentivo al autoconsumo.

¿Sigue vigente el Impuesto al Sol?

Aunque esta tasa ya se encuentra parcialmente eliminada desde el 2018, considerar ciertos estatutos y definir la posición del Parlamento Europeo en cuanto a las regulaciones de autoconsumo se hace necesario para prever los cambios en el futuro y, además, adecuarse a él.

Este será un mundo donde las energías sostenibles serán de primera necesidad.

La “muerte” del Impuesto al sol

El 5 de octubre del año 2018, mediante un Real Decreto, el Gobierno de España declara medidas urgentes para empezar a acelerar la transición energética al autoconsumo con energías autosustentables.

De igual manera, incentivar a los consumidores al uso de estas energías cuyo uso, debido al mismo pago de esta tasa, no era una alternativa financiera viable.

No más peajes ni cargos extras

Con esta medida,  siendo una de las medidas más importantes del decreto, es la prohibición expresa de establecer cargos adicionales o peajes a las energías renovables de autoconsumo.

Quizás en las instalaciones domésticas que no compartían su energía esto no tiene consecuencias tangibles inmediatas, ya que el Impuesto al Sol era bajo o casi inexistente, pero sí cambiará la percepción que tienen los ciudadanos sobre el uso de estas energías.

Hay que considerar algo importante: la inestabilidad política en España puede jugar en contra de este nuevo decreto. Prever algún cambio en la administración gubernamental que apoye la medida es complicado.

Sanciones con sentido común

Una de las mayores novedades con respecto a la legislación es el cambio al llamado “impuesto de baterías”.

Este impuesto consistía, como hemos definido anteriormente, al cobro de un impuesto mayor si se usaba la red principal. Si el consumo de era grande, las sanciones no solo eran excesivas, eran un disparate.

Con el anterior decreto, la regulación podía exigir multas y sanciones de hasta 60 millones de euros.

Con el nuevo decreto, estas sanciones no podrán superar nunca más del 10? la factura anual del usuario. Al llegar a este término, los expertos coinciden que la incertidumbre asociada a las instalaciones de autoconsumo se reducirá rápidamente, ayudando a su implementación en más hogares, empresas e instituciones.

El futuro y las consecuencias del Impuesto al Sol

En el sentido estricto de la palabra, el Impuesto al Sol no era un impuesto, ya que no contribuía de forma tangible a la hacienda pública o a la sociedad. Tan solo eran un conjunto de medidas, algo arbitrarias, con el propósito de desincentivar la implementación de infraestructuras de autoconsumo energético.

Por supuesto, esto a largo plazo solo beneficiaba a pocos individuos.

Durante casi 1.100 días estas medidas estuvieran vigentes, y las consecuencias de ello son cuanto menos palpables.

Al momento de derogar estas medidas el número de autoconsumidores en España apenas pasaba el millón, mientras que en países como Alemania ya estaban próximos a contar con más de dos millones.

No solo el número de autoconsumidores es uno de los datos más alarmantes al comparar ambos países, es el desarrollo de tecnologías, como los de la SonnenCommunity, donde la producción y mantenimiento de estas infraestructuras está alcanzando el coste total de 0.

Siendo esta una de las principales directivas del Parlamento Europeo en cuanto a energías renovables, con el Acuerdo de París como uno de las bases en las que se sustenta el plan para lograr la descarbonización total en la Unión Europea para el año 2050, debería ser el principal objetivo de la administración para los próximos años.

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